Mucho del progreso de un país, y el futuro que le espera, está basado en sus sistemas de salud pública. Y un factor que, en todas las naciones occidentales, es hoy en día un problema, es ese: cómo proveer atención médica de calidad, a todos los sectores de la sociedad, sin que ésta tenga que sufragarla con sus propios recursos.
Se calcula que casi 100 millones de mexicanos están afiliados a una institución de salud pública, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y algunos otros.
Esto le cuesta al país 500 mil millones de pesos anuales, entre atención médica, tratamientos, cirugías, incapacidades laborales y pensiones, pero es algo que al final los mexicanos pagan, pues representa casi la mitad de sus ingresos, en forma de impuestos, mientras el resto lo asume el gobierno.
México es el tercer país de América que más dinero aporta a la salud pública, sólo superado por Argentina y Uruguay, y muy por encima de otros como Honduras o Bolivia, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Si ya de por sí las perspectivas económicas del mundo, a corto plazo, no son buenas, es obvio que lo primero que se ve afectado son los rubros sociales y los subsidios que aportan los gobiernos.
Salud pública, cuestión política
Aunado a lo anterior, en México la salud no es un tema que vaya en franca mejoría, sino todo lo contrario. Se sabe que los mexicanos son, en su mayoría, obesos, diabéticos y cardiacos, padecimientos para los que la única cura real es el cambio de estilo de vida, pero cuyos costos llegan a ser muy elevados. Eso, multiplicado por millones de habitantes, es hoy una pesada carga para el erario público, que ya no ve de dónde recortar a las instituciones para sobrevivir.
Todavía peor, en general las instituciones públicas en México son conocidas por ser mina de oro para funcionarios. Así que, además de que el dinero no alcanza, el poco que hay se fuga en gastos ficticios, los costos de la corrupción que nadie es capaz de frenar.
Se ha dilucidado que antes de 2020, el IMSS, que da servicio a casi la mitad de la población, terminará de quebrar, lo que significa que colapsará, no habrá recursos ni para lo más mínimo; sus hospitales tendrán que cerrar y los afiliados recurrir a otros organismos públicos, que tampoco están en las mejores condiciones.
Se calcula que sólo el 2% de los mexicanos tienen acceso a seguros médicos privados, que les garanticen atención pagada bajo cualquier circunstancia. El resto son simples mortales aferrados a un techo de salud pública, que está apunto del derrumbe.
Valeria Lira