En México, la Iglesia Católica, con más del 82% de la población como simpatizante, es un importante líder de opinión, que tiene fuerte influencia sobre el pensar de la mayoría. Sin embargo, es de reconocer que, como figura social y política, también tiene ciertos intereses a defender, sobre todo cuando se trata de luchar contra un Estado, que tiene más de un siglo intentando convertirse en laico. Aquí la diversidad social emerge como un problema.
Recientemente, el país se vio envuelto en polémica, tras la convocatoria a una marcha nacional por la defensa de la familia tradicional, organizada por el Frente Nacional por la Familia, un grupo netamente conservador que busca frenar ciertas iniciativas de ley, que el gobierno federal ha promovido en torno al tema del matrimonio gay, la adopción y el divorcio.
Esencialmente, la iniciativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, busca implementar el matrimonio igualitario en todo el país, otorgando derechos a los cónyuges del mismo sexo y eliminando barreras; la no necesidad de causales para llevar a cabo un divorcio; garantizar la identidad de género elegida por cada persona; y facilitar las condiciones para la adopción de menores, sin que sea un pretexto el género o la preferencia sexual.
Así tan claro, puede leerse el documento original en Internet.
Sin embargo, con una serie de publicidades tendenciosas, el Frente Nacional por la Familia ha dado a conocer que la iniciativa de ley pretende imponer ideologías de género en niños en edad escolar, difundir asuntos como la marihuana, la perversión sexual y hasta el travestismo, y por supuesto, destruir las bases de la tradicional familia mexicana.
Además, miembros del grupo han afirmado, en varias ocasiones, su rotundo rechazo hacia las familias diversas, en las que incluyen las de padres homosexuales, las padres o madres solteras, y aquellas donde, otro familiar distinto es el jefe.
Así entonces, unas 23 millones de familias diferentes, estimadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), no son parte de la sociedad mexicana, en palabras del Frente y de la Iglesia Católica Mexicana, que apoya su manifestación.
El Censo de Población y Vivienda 2010, estimó que 9.5% de las madres en el país, son solteras, al menos 4.5 millones de mujeres mexicanas.
No es nuevo ese dejo de doble moral en la sociedad mexicana; una y otra vez miembros de la Iglesia Católica Mexicana encubren los casos de pederastia por parte de religiosos hacia niños, pero al mismo tiempo rechazan que se institucionalice la educación sexual en las escuelas públicas.
“Una cosa es educar en el respeto y la no discriminación hacia las minorías, y otra muy distinta es fomentar el homosexualismo, el lesbianismo y el transexualismo en los salones de clase.”
Según dijo Rubén Rebolledo, vocero de Red Familia, otro grupo conservador que busca frenar las reformas a la ley en este sentido.
Irónicamente, al tiempo que se busca evitar que llegue la educación sexual a la instrucción básica, en México van a la alza los embarazos en menores. Hoy hay 77 madres por cada 1,000 adolescentes mexicanas, entre los 15 y los 19 años.
Diversidad social vs la tradición
Tal parece que a los conservadores del país, nadie les contó que en buena parte de los colegios privados de México, se imparte educación sexual desde hace mucho tiempo. Y como siempre, los únicos que tendrán que permanecer en la ignorancia, son los que no pueden acceder a más educación que la del gobierno.
Lo anterior explica por qué la organización internacional «Save the Children» ha declarado que más del 60% de las madres adolescentes mexicanas, pertenecen a un sector pobre de la población, y que para rematar, también padecen violencia de género.
Uno de los argumentos más debatidos entre el gobierno federal y sus detractores, es el concepto de matrimonio, ya que según estos últimos, se refiere tajantemente a la unión de un hombre y una mujer con fines reproductivos. Sin embargo, el cambio constitucional propone especificar que la definición no tiene que ver con el género, sino con los lazos humanos que unen a dos personas, y que les otorgan el derecho a conformar una familia.
Al menos diez estados del país permiten, desde hace varios años, el matrimonio entre personas del mismo sexo, una figura legal que da a los cónyuges ventajas como: seguridad social, herencias, acceso a créditos para la vivienda y garantías en caso de muerte.
Y ni qué decir de la adopción por parte de familias homoparentales, algo que se hace desde hace mucho tiempo, aunque recientemente la ley empezó a reconocerlo como una figura social de importancia. Pese a ello, las ligas conservadoras del país, siguen diciendo que es un error permitir a niños, sin mayores oportunidades, tener una familia real en dos padres o dos madres.
El problema de lo orfandad
Inclusive, voces en contra, han argumentado que los niños deben pertenecer a las calles antes que a parejas del mismo sexo, aunque eso signifique engrosar las filas de la trata de personas, el narcotráfico, la indigencia, la prostitución y el consumo de enervantes.
Inegi registra que, casi 20 mil niños huérfanos, están inscritos en instituciones de asistencia, sin embargo, se estima que más de un millón de infantes sin padres no lo están, lo que significa que permanecen afuera, sin acceso a salud y educación, y son principal carne de cañón para la delincuencia.
Viendo la estadística, difícilmente se puede ignorar que México es un país de familias diversas, que aunque las ligas más conservadoras lo nieguen, merecen reconocimiento social y legal, por formar un núcleo filial; padres de cualquier preferencia sexual, madres y padres solteros, abuelos, cuidadores por elección; de todo eso está compuesta la sociedad mexicana, aunque no quepan en el cuadrado molde del conservadurismo obsoleto, que pretende venir a gobernar el país en pleno siglo XXI.
Valeria Lira
